Comienza una nueva era de colaboración
Una cultura de desconfianza
Para que una democracia funcione bien, los tribunales cumplen una serie de funciones importantes, incluido el control del poder del gobierno. Esto significa, en ocasiones, servir como un amortiguador entre el gobierno y el público, para garantizar que se mantenga la igualdad ante la ley. Cuando falla en esto y se alinea con el gobierno, se convierte más en una fuerza política partidista que en una legal neutral. Históricamente, los colombianos han tenido poca fe en su poder judicial, incluido el Consejo de Estado, el tribunal administrativo más alto del país. A pesar de varios intentos de reforma legal, la opinión pública colombiana era que los tribunales eran corruptos y ejercían su poder por razones políticas.
Un punto de inflexión llegó en 2015, cuando se permitió la libertad de un destacado empresario acusado de asesinato. La fiscalía arrestó a 11 miembros del poder judicial responsables de este error judicial.
Responsabilidad judicial, transparencia y compromisos con la honestidad
El gobierno colombiano, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, resolvió abordar la corrupción en el poder judicial. Un compromiso en el plan de acción de Colombia 2015-2017 buscaba llevar transparencia y rendición de cuentas al Consejo de Estado. Esta medida para mantener la honestidad de los tribunales es un cambio importante en la transparencia judicial.
Este compromiso significa un cambio excepcional en la transparencia del sector judicial. Colombia continúa implementando diferentes elementos de este compromiso y abre el Consejo de Estado de otras formas. Por ejemplo, Colombia tiene como objetivo crear mecanismos para la rendición de cuentas judicial y publicar información sobre posibles conflictos de intereses de jueces y personal judicial. A largo plazo, estos cambios pueden reducir la corrupción en las instituciones de justicia y permitirles recuperar la confianza del público.
Una nueva era de apertura; Agendas, procedimientos y currículums
Al publicar sus agendas y fallos anteriores en línea, el tribunal hizo posible que el público y las organizaciones de la sociedad civil escudriñaran las acciones del tribunal en busca de corrupción o conflictos de intereses. Adicionalmente, ahora están disponibles los currículums de los abogados que aspiran a convertirse en consejeros, de modo que los registros de las personas que ocupan los juzgados puedan ser estudiados en busca de potenciales acciones o asociaciones.
Se ha publicado más información, parte de ella para ayudar a equipar al público a escudriñar estos registros recién abiertos. Estos incluyen explicaciones de procedimientos y precedentes legales, y cómo interpretar la ley. También publicó una serie de guías sobre los procedimientos legales adecuados que deben seguir los tribunales. En conjunto, estos permiten al público comprender los procesos legales y reconocer cuándo un tribunal se ha desviado de las mejores prácticas legales. Por primera vez, el tribunal publica información sobre sus agendas, decisiones y procedimientos anteriores en línea. Esto permite que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil comprendan mejor las funciones complejas de los tribunales y observen la acción del tribunal por posibles casos de corrupción.
La reforma marca una nueva era de apertura, acercando a los ciudadanos y los tribunales. Con la capacidad de ver la agenda y las decisiones de los jueces, y de identificar dónde pueden surgir conflictos de intereses, el público puede escudriñar los tribunales y utilizar nuevos mecanismos para responsabilizarlos. Un comité de seguimiento, compuesto por figuras del gobierno, la sociedad civil y ciudadanos, puede utilizar las nuevas directrices sobre la propiedad jurídica para vigilar y denunciar cualquier posible instancia de corrupción.
Este compromiso continuó en los planes de acción tercero y cuarto de Colombia, basándose en las reformas fundamentales y fortaleciendo los mecanismos para hacer que los tribunales rindan cuentas, generando confianza entre los tribunales y el público.
