Costarricenses y tribunales; Una reforma largamente atrasada
Los tribunales costarricenses se han clasificado regularmente como las instituciones menos confiables de varios países de América Latina. Los costarricenses se sienten desconectados de su sistema judicial y la gestión sospechosa de las pensiones y los salarios solo ha agravado el problema.
El tercer plan de acción de OGP de Costa Rica, de 2017 a 2019, respondió a la necesidad de un cambio de paradigma en el poder judicial, ajustándose a las demandas y necesidades del pueblo costarricense, con el compromiso de una Política de Justicia Abierta. Esto requiere avanzar hacia un proceso de gestión de los tribunales más democrático, inclusivo y participativo, con la supervisión de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil.
Los principios de transparencia, participación y colaboración público / oficial sentaron las bases para avanzar hacia un derecho garantizado de acceso a una justicia imparcial, independiente e igualitaria. Para lograrlo, el gobierno costarricense comenzó por mapear actores, tener una imagen clara de las circunstancias existentes y el desarrollo de mecanismos y asociaciones de monitoreo ciudadano. Esto fue acompañado de pautas claras para mejorar la rendición de cuentas a los ciudadanos, con consideraciones particulares incluidas para las poblaciones en condiciones vulnerables. Estas medidas se tomaron en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por la ONU, en particular el objetivo 16: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles”. .
Tribunales cooperativos avanzando hacia la justicia democrática
Este compromiso estableció una línea de base de concurrencia entre el sistema judicial y los órganos de ejecución, a fin de garantizar el cumplimiento en todos los niveles. La implementación estuvo a cargo de una comisión especializada, la Comisión Nacional para el Perfeccionamiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), que contó con recursos presupuestarios propios y con el apoyo de la presidencia de la corte.
A través de este compromiso, el Poder Judicial de Costa Rica se convirtió en el primero en su tipo en redactar un compromiso para un plan de acción, co-creado con organizaciones de la sociedad civil y con un plan de evaluación. En un esfuerzo por hacer que el proceso sea más inclusivo, y por primera vez en la historia de Costa Rica, los funcionarios del gobierno utilizaron los tribunales fuera de la ciudad capital de San José, para recopilar información de las comunidades y regiones normalmente excluidas de los procesos de toma de decisiones.
Las organizaciones de la sociedad civil, que operan tanto a nivel local como nacional, informaron que la cooperación de los tribunales, brindar información de alta calidad y recibir retroalimentación durante la ejecución fue fundamental para su éxito. El pleno apoyo de los tribunales, comprometido desde el principio, se tradujo en apertura a propuestas, transparencia con la propia información y un sentido real de colaboración en la búsqueda de un ideal compartido.
Un plan para el cambio regional
El documento de Política de Justicia Abierta, como hoja de ruta hacia un sistema de justicia transparente y debidamente responsable, es uno de los resultados de este compromiso. Pero quizás su principal aporte sea el desarrollo y la dedicación al proceso participativo, la inclusión del Poder Judicial en el proceso de OGP, y la calidad y nivel de participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de reforma del sistema de justicia.
El gobierno y la sociedad civil esperan que el modelo colaborativo y los conocimientos que obtuvieron para el documento de Política de Justicia Abierta puedan incorporarse a una estrategia regional. Esta podría ser una guía o un plan para mejorar el acceso a la justicia en los países de América Latina y el Caribe, con los niveles más altos posibles de transparencia y colaboración.
